La situación previsional de los judiciales bonaerenses evidencia una grave afectación a la movilidad jubilatoria y a los derechos adquiridos, a partir de interpretaciones administrativas y reglamentarias que alteran el régimen legal vigente desde 1972. La brecha creciente entre los haberes de magistrados y funcionarios en actividad y los ingresos del sector pasivo plantea un perjuicio económico e institucional que compromete principios constitucionales, la seguridad jurídica y la protección reforzada que corresponde a las personas mayores. Rojas – Darmandrail.
